El silencio, tanto desde el plano ético-político como desde el jurídico internacional, no exime de responsabilidad. En el caso de Israel, el respaldo constante de actores internacionales ha permitido que el régimen de ocupación, apartheid y palestinicidio continúe sin freno.

El Estado de Israel representa un proyecto de ocupación y colonización que ha generado, desde su fundación en 1948, una sistemática política de despojo territorial, desplazamiento forzado, apartheid, limpieza étnica y violencia estructural contra el pueblo palestino. Esta visión crítica no se opone al judaísmo ni al pueblo judío como colectivo, sino que denuncia al sionismo como una ideología que ha justificado —y sigue justificando— crímenes internacionales bajo el paraguas de la seguridad estatal.

En ese marco, los hechos ampliamente documentados por organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y diversas misiones de observación, apuntan a que el Estado israelí ha incurrido en crímenes de lesa humanidad, incluyendo:

• Apartheid (discriminación sistemática y dominación de un grupo sobre otro),
• Castigo colectivo a poblaciones civiles,
• Transferencias forzadas de población,
• Asesinatos selectivos extrajudiciales,
• Bloqueos humanitarios y uso desproporcionado de la fuerza.

Frente a ello, el silencio de la comunidad internacional, en especial de las potencias occidentales, no puede interpretarse como simple omisión. Desde una perspectiva político-ética, ese silencio constituye una forma de colaboración pasiva que permite la repetición y profundización de los crímenes. La impunidad, en este caso, no se perpetúa solo por los actos criminales, sino también por la inacción, el encubrimiento y el consentimiento tácito de actores internacionales que dicen defender los derechos humanos, pero que no actúan cuando las víctimas no responden a sus intereses geopolíticos.

El silencio como complicidad política

 Israel goza de una posición de excepcionalidad en el sistema internacional. Mientras otros Estados son sancionados con rapidez por violaciones mucho menores, Israel recibe protección diplomática, financiamiento militar y legitimidad política a pesar de las múltiples resoluciones en su contra. Este doble estándar no solo normaliza la violencia colonial, sino que convierte el silencio de los Estados y organismos internacionales en una herramienta activa de opresión.

En este sentido, el silencio no es neutralidad, sino posicionamiento. Callar ante el palestinicidio es validarlo. No condenar el desplazamiento forzado es justificarlo. No actuar ante los bombardeos a población civil es legitimar la impunidad. Desde la ética política, el silencio ante crímenes de lesa humanidad es una forma de consentimiento estructural, lo cual lo convierte en una complicidad moral y política con el crimen.

El marco jurídico internacional: ¿puede el silencio constituir un crimen?

Desde el punto de vista del Derecho Internacional Penal, el silencio, como tal, no constituye un crimen de guerra, ya que este requiere acción directa o indirecta, intencionalidad y participación concreta. Sin embargo, la complicidad, la omisión dolosa y la facilitación de crímenes internacionales sí están reconocidas como formas de responsabilidad penal.

Algunos fundamentos clave:

1. Estatuto de Roma – artículo 25(3)(c)
   Un individuo puede ser penalmente responsable si “ayuda, alienta o contribuye de cualquier otra forma a la comisión” de un crimen internacional, con conocimiento de causa. Esto incluye proveer recursos, información o apoyo político o militar.
2. Estatuto de Roma – artículo 28
   Un superior militar o civil puede ser responsable si, sabiendo que se están cometiendo crímenes, no toma medidas para prevenirlos o sancionarlos. Esto aplica a líderes de Estado, ministros, autoridades diplomáticas, entre otros.
3. Responsabilidad estatal por actos internacionales ilícitos
   Según el Derecho Internacional Público, un Estado que asiste, ayuda o coopera conscientemente con otro Estado que comete un acto internacionalmente ilícito —como el apartheid, el uso desproporcionado de la fuerza o la limpieza étnica— puede incurrir en responsabilidad internacional. Esto ha sido sostenido por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.

En este sentido, los Estados que continúan suministrando armas, fondos o cobertura diplomática a Israel, pese a saber de sus crímenes, están participando indirectamente en ellos, y podrían ser sujetos de reclamaciones legales y sanciones internacionales.

Conclusión

El silencio, tanto desde el plano ético-político como desde el jurídico internacional, no exime de responsabilidad. En el caso del Estado de Israel, el respaldo constante de actores internacionales ha permitido que el régimen de ocupación, apartheid y palestinicidio continúe sin freno. Esto no solo es un escándalo moral, sino una deuda pendiente del sistema internacional consigo mismo: la incapacidad de aplicar sus propios principios cuando los responsables son aliados poderosos.

Por tanto, si bien el silencio no constituye un crimen de guerra en sentido técnico, cuando ese silencio va acompañado de beneficios, complicidad material o encubrimiento diplomático, se convierte en una forma de colaboración con crímenes de lesa humanidad, y como tal, debe ser denunciado, investigado y juzgado.