Por Amira Hass.

Hay una línea recta que conecta la aldea palestina de Susia, en el sur de Cisjordania, y Atir/Um al Hiran, una comunidad beduina del Neguev. Esto fue subrayado la semana pasada por los jueces de la Corte Suprema. Se trata de dos comunidades de palestinos que el estado judío expulsó de sus casas y tierras hace décadas, y cuyas familias han vivido, desde entonces, en pueblos “no reconocidos” en condiciones vergonzosas, forzados a ello por el gobierno israelí. Una comunidad se instaló en sus tierras agrícolas y la otra en un área a la que el gobierno les trasladó durante los primeros años del Estado de Israel, cuando los ciudadanos árabes vivían bajo un régimen militar de excepción.

Las dos comunidades carecen, por decisión del gobierno de Israel, de poderes para planificar su desarrollo. En su lugar, Israel les exige que se hacinen dentro de los límites del asentamiento que les ha asignado, de forma que los judíos puedan prosperar en sus nuevas y siempre en expansión urbanizaciones de ensueño.

Los jueces han permitido que el estado derribe estas dos comunidades palestinas, a unos 25 kilómetros de distancia una de la otra, pero separadas por la frontera impuesta por Israel en 1967, la denominada Línea Verde. El 4 de mayo, el juez Noam Sohlberg permitió que el estado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Administración Civil de las FDI destruyeran las tiendas de campaña, las chabolas de hojalata y los establos para el ganado de Susia como mejor les pareciera. La comunidad recurrió la decisión de la Administración Civil y se opuso al plan maestro que había preparado. ¿Qué puede ser más razonable que detener las demoliciones de casas mientras el asunto está todavía en los tribunales? Pero el juez Sohlberg rechazó la solicitud de suspensión cautelar de las órdenes de demolición, solicitud que fue presentada por los abogados de la organización Rabinos por los Derechos Humanos.

La Administración Civil ha exigido que los residentes de Susia sean reubicados cerca de la ciudad cisjordana de Yata, supuestamente por su propio bien. Yata se encuentra en el Área A, un enclave para el control de la Autoridad Palestina. En otras palabras, la Administración Civil pretende apiñar a los residentes de Susia en uno de los bantustanes de Cisjordania, como está haciendo, y tiene la intención de seguir haciéndolo, con los beduinos y otros palestinos que viven en el Área C, bajo el control total de Israel.

¿De buena fe?

Junto a las casuchas de hojalata de la actual Susia palestina (después de que el ejército expulsara a los residentes de su antiguo pueblo en 1986 y lo convirtiera en un sitio arqueológico donde los judíos pueden realizar sus celebraciones), la Susia judía desarrolla su placentera vida entre el verdor y la abundancia de la vegetación. Después de todo, tiene que crecer y no quiere ver a los árabes en sus casuchas, comprando agua a precios exorbitantes en camiones cisterna.

¿Puede, entonces, un juez que permite que se lleven a cabo trabajos de demolición como una medida provisional considerar de buena fe una petición contra la expulsión final de los residentes? ¿Y es relevante que Sohlberg viva en un asentamiento judío de Cisjordania?

No es ni más ni menos relevante que el hecho de que los otros jueces de la Corte Suprema y sus familias, y todos los judíos israelíes (incluyéndome yo misma), tengamos derecho a desplazarnos en cualquier momento a un asentamiento judío de Cisjordania y vivamos en el lado israelí de la Línea Verde, en barrios bien cuidados solo para judíos y, en algunos casos, en tierras de las que los palestinos fueron expulsados hace 65 años o incluso ayer mismo.

El 5 de mayo, otros dos jueces de la Corte Suprema, Eliakim Rubinstein y Nil Hendel, permitieron que las autoridades demolieran el pueblo “no reconocido” de Atir/Um al Hiran. Con la oposición de la juez Daphne Barak-Erez, desestimaron la petición presentada por Adalah, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, que impugnó la decisión del gobierno de expulsar a los residentes, por segunda vez, del lugar al que fueron desplazados en los años 50. Id a Hura, les dice el gobierno, y los jueces estarán de acuerdo. Pero esta comunidad beduina, como otras muchas, ya fue designada para amontonar beduinos tras su primera expulsión de sus tierras. Después de todo, ¿cómo podemos establecer granjas para judíos, siempre en expansión, y construir comunidades pioneras como Hiran si reconociéramos a los beduinos como ciudadanos con plenos derechos, historia y cultura?

Los honorables jueces se congraciaron con Habayit Hayehudi incluso antes de que este partido fuera seleccionado como el zorro que guarda el gallinero, mediante la designación de Uri Ariel como ministro de agricultura (que es el encargado de los asuntos de los beduinos) y de Eli Ben Dahan como viceministro de defensa y responsable de la administración civil (que es la encargada de expulsar a los palestinos y de proteger los asentamientos judíos de Cisjordania). No se preocupen, chicos de Hogar Judío, nosotros apoyamos el derecho de los judíos a disponer de los palestinos del Área C y del Neguev, dicen los jueces. Nosotros, como vosotros, estamos a favor de amontonar a los árabes en bantustanes.

Incluso antes de que los jueces de la Corte Suprema supieran que Ayelet Shaked (de Hogar Judío) iba a ser la nueva ministra de Justicia, incluso antes de que supieran que su mentor Naftali Bennett, líder de su partido, fuera el nuevo ministro de Educación, ya nos estaban diciendo en voz alta que la reputación de los jueces no era lo que la gente temía, que la derecha les ha retratado injustamente como unos monstruos que buscan igualdad y justicia. Los jueces habían demostrado que su imagen como defensores de los derechos humanos, sobre todo cuando esos humanos eran palestinos o gente de izquierda, era totalmente distorsionada.

Apenas unas semanas antes, el 15 de abril, apoyaron con entusiasmo la Ley de Boicot. Con esta ley, la derecha amenaza con multas económicas a los disidentes israelíes de izquierda que apoyen públicamente la imposición de sanciones a Israel y el boicot de sus instituciones y productos hechos en los asentamientos, como parte de la lucha contra la desigualdad y la discriminación institucionalizadas.

Ese mismo día, los jueces apoyaron la ley que permite que Israel robe tierras de los residentes de Belén, Beit Sahur, Beit Yala y Abu Dis. Estas tierras son donde siempre han estado los palestinos desde antes de que estas comunidades fueron anexionadas a Jerusalén (anexionada, a su vez, a Israel). Sus propietarios viven donde siempre han vivido, a unos pocos kilómetros de sus tierras. Pero ahora, el Estado de Israel les ha declarado “ausentes”, ya que viven más allá del muro de separación.

Los jueces desestimaron el recurso contra la aplicación de la Ley de Propiedad Ausente en este caso, continuando, así, la tradición judicial iniciada en los años 50. Fue entonces cuando se acuñó el oxímoron de “ausentes presentes”, con el fin de facilitar la demolición de pueblos y el robo de tierras de los palestinos que no habían huido, aquellos que no pudieron expulsar.

Con su aprobación de la demolición de Susia y Um al Hiran, los jueces han trazado una línea recta que vincula 1948 con el presente. Han confirmado lo que los críticos más virulentos de Israel dicen sobre el país: que es una entidad colonial y usurpadora. Los jueces han repetido como loros lo que el estado ha estado vociferando constantemente: se trata de mi derecho a robar, a expulsar, a demoler y a desplazar a la gente y amontonarla en jaulas. He demolido y seguiré haciéndolo. He expulsado y seguiré haciéndolo. He amontonado a gente y seguiré haciéndolo. Nunca me importó lo más mínimo y nunca me importará.

Traducción: Javier Villate (@bouleusis)

Haaretz, 11/05/2015

Fuente: http://blog.disenso.net/2015/05/colonialismo-israeli-puro-y-duro/