Resumen Medio Oriente/Notas, 1 de diciembre de 2016 – La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su sigla en inglés), sustituyó en 1998 al Departamento de Asuntos Humanitarios y es el brazo de la Secretaría de Naciones Unidas para movilizar y coordinar la ayuda humanitaria ante una emergencia. Desde 2009 viene llevando un registro de las “estructuras” (casas, galpones, escuelas, hospitales, etc.) palestinas que son demolidas por Israel, directamente a través de las fuerzas armadas u obligando a los moradores palestinos a hacerlo con sus propias manos.

El informe dado a conocer el 11 de noviembre confirma que la tasa de demoliciones de 2016 es las más alta desde que la OCHA lleva registro. Durante septiembre y octubre de 2016 las autoridades israelíes confiscaron, demolieron o forzaron a palestinos a demoler 155 estructuras en Cisjordania, lo que desplazó a 240 personas (la mitad de ellos niños) y afectó a más de 350 personas. Excepto en dos casos, el resto de los incidentes se justificaron por la no emisión de permisos de construcción por parte de Israel, permisos que son casi imposibles de obtener para un ciudadano palestino.

A pesar de que el número de estructuras atacadas durante septiembre y octubre es un 25% más bajo que el promedio mensual entre enero y agosto, el acumulado en lo que va de 2016 es un 80% más alto que el de 2015 y, por una importante diferencia, el más alto registrado por la OCHA, dando cuenta no sólo de una política sostenida de ataque contra la población palestina sino de una intensificación de la violencia en este año. Y todavía faltan los registros de noviembre y diciembre.

El informe señala que alrededor de un 84% de las estructuras afectadas (130) se encontraban en 21 comunidades parcial o totalmente localizadas en el Área C, la división más grande de los territorios ocupados, que comprende el 60% de de Cisjordania y se encuentra bajo total control militar israelí. Luego se detalla que las comunidades más severamente afectadas fueron tres comunidades de beduinos palestinos o comunidades pastoriles del norte del valle del Jordán: Khirbet ar Ras al Ahmar, Al’Aqaba y Kirbet Tell el Himma. Allí se contabilizaron 66 estructuras atacadas.

“Al’Aqaba también fue expuesta a un fuego sostenido por parte de las áreas residenciales durante dos días, mientras que un ejercicio de la milicia israelí se llevaba adelante en las inmediaciones sin que mediara aviso previo alguno”, se detalla. Y agrega que también los residentes de la comunidad vecina, Humsa al Bqai’a, fueron temporalmente desplazados de sus hogares por tres días en el mes, durante varias horas al día, por entrenamientos militares de Israel. El informe concluye al respecto que “junto con las demoliciones y restricciones de acceso, estos ejercicios contribuyen a crear un ambiente coercitivo en Cisjordania que agrega presión a las comunidades para abandonar sus actuales lugares de residencia”.

Treinta estructuras fueron demolidas o confiscadas en otras cuatro comunidades beduinas atacadas durante los pasados dos meses en la periferia de Jerusalén, cercanas o vecinas al área destinada al proyecto de expansión de asentamientos E1. El informe de la OCHA confirma que “éstas se cuentan entre las 46 comunidades beduinas en la parte central de Cisjordania que se encuentran en riesgo de transferencia forzada como resultado de un ‘plan de relocalización’ anticipado por las autoridades israelíes”.

Como muestra del desprecio israelí a los derechos humanos palestinos, un tercio de las estructuras atacadas habían sido provistas como asistencia humanitaria a través de donaciones internacionales o del mismo Estado palestino. Estos 278 ataques implican un aumento del 150% respecto del año pasado.

Finalmente, se constata que otras 23 estructuras palestinas demolidas en septiembre y octubre se ubicaban dentro de los límites definidos por Israel para la municipalidad de Jerusalén. En todos los casos excepto uno se trataba de viviendas (111 personas fueron desplazadas). Seis de estas casas fueron demolidas por sus dueños luego de recibir la orden final de demolición por parte de las autoridades israelíes.

También en Jerusalén Este la policía israelí desalojó por la fuerza a una familia palestina de ocho miembros de una casa en la Ciudad Vieja, en la que habían estado alquilando desde 1930 y se la entregaron a una organización de colonos israelíes que supuestamente la había comprado. En los subsiguientes procedimientos legales en las cortes israelíes, la familia intentó desafiar sin éxito la orden de desalojo alegando un status de “inquilino protegido”.

“Un ejercicio de mapeo realizado por OCHA indica que por lo menos 180 propietarios palestinos en Jerusalén Este tienen iniciados procesos de desalojo en su contra. La mayoría de los casos fueron iniciados por organizaciones israelíes de colonos basándose en reclamos de propiedad, así como en planteos de que los residentes ya no eran ‘inquilinos protegidos’. Como resultado, 818 palestinos, incluyendo 372 chicos, se encuentran en riesgo de desplazamiento”, concluye el informe oficial de la OCHA, confirmando un claro recrudecimiento de la ofensiva israelí contra las propiedades palestinas durante 2016.

El secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó en abril de este año la política de demoliciones, denunciándolas como violatorias del derecho internacional y como generadoras de mayor violencia: “Las demoliciones punitivas son un castigo colectivo, un proceder prohibido por la ley internacional. No han probado ser disuasivas y sí alimentan las tensiones al exacerbar los sentimientos de injusticia y odio”, sostuvo.

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Fuente: Resumen Latinoamericano.