
El Presidente Rivlin se reúne con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el líder del partido Azul y Blanco Benny Gantz en su residencia oficial en Jerusalén el 23/9/19 (Foto: Haim Zach/GPO)
Por María Landi.
El 17 de septiembre se celebraron nuevamente elecciones en Israel para elegir un nuevo Parlamento (Knesset), de cuyas mayorías surge el nuevo Primer Ministro y su Ejecutivo. Esta elección fue consecuencia de que en las celebradas en abril pasado ningún partido logró la mayoría necesaria ni los acuerdos con otros sectores para poder formar gobierno. El eterno Primer Ministro Benjamin Netanyahu, que busca una nueva reelección, enfrentó la competencia del general retirado Benny Gantz y su flamante formación Azul y Blanco (según analistas, algo muy parecido al viejo Likud antes de que Netanyahu lo llenara de ultrarreligiosos).
A cualquier persona crítica no es necesario explicarle los límites de cualquier proceso electoral para lograr cambios estructurales que terminen con un statu quo injusto y opresivo y den paso una nueva realidad sociopolítica de libertad, justicia e igualdad. No obstante, este fundado escepticismo en lo electoral adquiere una poderosa dimensión cuando se trata del más disputado pedazo de tierra del mundo: el territorio de Israel-Palestina.
Y ello es porque, aunque la propaganda sionista se empeña en presentar al Estado de Israel como “la única democracia de Medio Oriente”, un dato de la realidad se impone sobre cualquier análisis de tendencias, resultados y perspectivas electorales: la mitad de la población que nació y habita en el territorio gobernado por Israel –entre el Mediterráneo y el Jordán− no tiene derecho a votar por ser palestina. En la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, que el Estado de Israel anexó y considera su capital unida, eterna e indivisible (en contra del Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU), hay más de 300.000 palestinas/os que no tienen derecho a votar en las elecciones israelíes[1]. Lee el resto de esta entrada

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