
En septiembre del 2020, lo que había sido una gran esperanza de proteger a las personas e identidades oprimidas y discriminadas por su pertenencia a un determinado grupo social, se esfumó. Después de más de 10 años de tramitación en el Congreso y de constantes esfuerzos por parte de organizaciones sociales y de la sociedad civil, para proteger los derechos de todas las diversidades sexuales y de género, étnicas, culturales, religiosas, nacionales y otras, el proyecto de Ley contra la Incitación al Odio y a la Violencia fue rechazado en la Cámara de Diputados.
Teniendo presente que la Constitución, en su artículo 1º y como primer axioma, establece que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, el Estado tiene la obligación de proteger ante todo la vida y la integridad física y psíquica de sus ciudadanas y ciudadanos, y es su tarea asegurar las condiciones sociales adecuadas para el bien común, incluso contribuir a crearlas.
Y más aún hoy, en el contexto de este proceso constituyente y de la histórica victoria de las voces de cambio, en las últimas elecciones, nosotrxs -como parte de estas diversidades- hacemos un llamado a todas las comunidades y a la comunidad nacional en su conjunto, a darle un nuevo impulso a esta lucha histórica por la protección de nuestros derechos humanos fundamentales, y por un Chile diverso, inclusivo, igualitario y sin discriminación, en donde quepan todos los pueblos, naciones, comunidades y seres humanos.
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