Por Ali Abunimah (Electronic Intifada).

El Gobierno israelí ha desempeñado un papel directo en la política y la legislación en EE.UU., Reino Unido y otros países para suprimir los derechos de libre expresión de los ciudadanos que piden el boicot a Israel por sus violaciones de los derechos humanos.

Israel ahora tiene la intención de aumentar significativamente sus esfuerzos para frustrar el movimiento de solidaridad con Palestina, a través de sus embajadas en las capitales más importantes.

Un artículo del 23 de febrero aparecido en Israel’s Ynet da a los políticos israelíes la tarea de no hacer demasiado ruido público sobre el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS).

Se cita como ejemplo el jaleo que hicieron los políticos israelíes por los carteles «sediciosos» que los activistas solidarios con Palestina colocaron en el metro de Londres esta semana.

Ynet afirma que los políticos israelíes ayudaron a los activistas a lograr su objetivo dándoles publicidad gratuita.

«El Gobierno, que prefiere tratar con los activistas del BDS en silencio y por debajo del radar, se ve obligado a hacer frente a los políticos locales que amenazan con ‘secuestrar’ este trabajo para servir a sus intereses», señala el artículo.

«Éxitos»  

Si bien no es de extrañar que Israel y sus grupos de presión estén apoyando la censura de mano dura con el movimiento de solidaridad con Palestina en todo el mundo, Ynet proporciona la confirmación de la presión directa del ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y la interferencia política en la legislación nacional en varios países.

«En cooperación con organizaciones judías y proisraelíes, el ministerio convenció a varios estados estadounidenses de aprobar leyes contra el boicot a Israel,» confirmó Ynet.

Esta es una referencia a una cantidad de legislaciones, tanto a nivel federal como estatal, que tiene como objetivo penalizar a empresas y la confección de una lista negra de personas que apoyan el boicot o desinversión en empresas o instituciones israelíes u otros cómplices de violaciones de los derechos palestinos que Israel hace.

Los defensores de los derechos humanos dicen que las iniciativas violan un hito del Tribunal Supremo de Estados Unidos que falló declarando que los boicots y las actividades relacionadas con el cambio político, económico y social son expresión política, ocupando «el peldaño más alto de la jerarquía de los valores de la Primera Enmienda».

El gobierno israelí también está reclamando la aprobación de nuevas regulaciones del Reino Unido encaminadas a detener a los organismos públicos, incluidos los municipios locales elegidos democráticamente y las universidades públicas, de boicotear a Israel.

«La embajada de Israel en Londres tuvo éxito en el trabajo silencioso y efectivo para convencer al Gobierno británico de aprobar una directiva que prohíbe a municipios y organismos públicos tomar decisiones para boicotear a Israel», informa Ynet.

Pretencioso  

Lejos de prohibir, la política del Reino Unido es amenazar a organismos públicos con juicios civiles que podrían resultar en «penalidades severas» en caso de que tomen decisiones de inversiones éticas o de compras que excluyan a empresas de países miembros de la Organización Mundial del Comercio que violan los derechos humanos.

Israel es miembro de la Organización Mundial del Comercio.

Riya Hassan, del Comité Nacional Palestino del BDS, dice que el gobierno del primer ministro, David Cameron, «ha ido más lejos de lo que Margaret Thatcher nunca fue en su defensa del apartheid sudafricano».

Pero las afirmaciones israelíes de una gran victoria aquí parecen exageradas.

The BNC señala que las Regulaciones de Contratos Públicos de 2015, que se basan en la legislación de la Unión Europea, permiten la exclusión de la contratación pública si las empresas han cometido una falta grave, una disposición que no parece haber sido cambiada por la nueva política.

Según Hassan el Gobierno del Reino Unido está intentando simplemente «intimidar a los consejos para que piensen que ya no se les permite excluir en sus campañas de licitaciones a las empresas que violan los derechos humanos».

«Estamos buscando más asesoramiento legal, pero parece que sigue siendo perfectamente legal que los ayuntamientos y universidades tomen posturas éticas que reflejen los puntos de vista de sus comunidades y no incluyan en las licitaciones a las empresas que violan los derechos humanos», añade Hassan.

Ynet cita otros éxitos de la estrategia israelí contra los derechos humanos en Luxemburgo, Suecia y Francia que incluyen una votación en el ayuntamiento de París para condenar al movimiento BDS.

«Una especialización adicional de las embajadas de Israel es la utilización de la legislación contra el boicot y la discriminación que existe en varios países”, señala Ynet. «Se pidió a las embajadas que comprobaran cómo se puede utilizar la legislación local para limitar las iniciativas de boicot».

Aumento gradual  

Los esfuerzos de Israel para sabotear y atacar el movimiento BDS no son nuevos.

Ya se sabe, por ejemplo, que la inteligencia militar israelí espía a «organizaciones extranjeras» que defienden el BDS como una estrategia de apoyo a los derechos palestinos.

Ya en 2013 Israel reforzó su embajada en Londres con personal dedicado a la lucha contra el BDS.

Según Ynet, este tipo de esfuerzos están a punto de incrementarse significativamente.

El año pasado el primer ministro Benjamín Netanyahu nombró ministro a Gilad Erdan con la responsabilidad de luchar contra el movimiento por los derechos palestinos y le dotó de un presupuesto de 30 millones de dólares.

Ynet declaró que tras el incidente de los afiches en el metro de Londres Erdan anunció que se propone asignar 1 millón «para crear diez puestos de coordinación de BDS en importantes embajadas israelíes de todo el mundo».

«Los coordinadores reunirán y coordinarán la información que tenga que ver con la amenaza del movimiento BDS en el terreno» y «ayudarán también en la promoción de proyectos para mostrar un Israel positivo».

Como parte de este trabajo, informa Ynet, Israel «contratará a ciudadanos locales -judíos y no judíos- que trabajarán en el marco de las embajadas de Israel».

Retroceso  

Si bien no hay duda de que la intimidación y el acoso de Israel a los que piden plenos derechos para los palestinos van a aumentar, es dudoso que Israel vaya a ganar mucha simpatía pública.

El problema de Israel no es la comercialización, sino el producto: la brutal ocupación, el colonialismo, los crímenes de guerra y el racismo sancionado por el Estado.

Mientras Israel no esté dispuesto a poner fin a estas prácticas, sólo generá más oposición, tanto a sus políticas como a sus calumnias y sus tácticas de censura.

En el último ejemplo, 22 académicos judíos, artistas y activistas publicaron una carta en The Guardian para oponerse a las falsas denuncias de antisemitismo hechas por activistas antipalestinos después de que el Club Laborista de la Universidad de Oxford decidiese apoyar la Semana del apartheid israelí.

«Los que deliberadamente confunden el antisemitismo con el antisionismo brindan alivio y ayudan a los verdaderos antisemitas en nuestra sociedad», dice la carta. «Al igual que el chico que gritó ‘que viene el lobo, aseguran que si el antisemitismo descubre su cara fea la gente asumirá que esto es sólo otra acusación falsa».

Fuentes: https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-quietly-pushed-anti-bds-legislation-us-uk

Rebelión

Los niños son entregados a instituciones privadas. Un reportaje concluyente muestra cómo los niños se han transformado en un gran negocio.

Por Marianne Azizi.

Los activistas que protestan o escriben en blogs sobre el Ministerio de Bienestar Social han enfrentado investigaciones, arrestos y acusaciones. Estos activistas son una pequeña voz que grita que los niños y niñas de Israel están en peligro — gracias a SU PROPIO gobierno.

Finalmente esta semana el tema llegó a las noticias de los horarios centrales, gracias a una nota mostrada en el Canal 10 en horario central. Los reporteros también sufrieron reacciones similares a los activistas por parte de una de las instituciones. Los empleados amenazaran con llamar a la policía, a pesar del hecho de que la filmación estuviera siendo grabada en un área pública. Hicieron la denuncia y se negaron a escuchar al reportero.

En la nota, una joven regresa de Turquía para enfrentar su pasado y visitar la institución donde pasó un tiempo contra su voluntad. Ella es una de las miles de niños separados violentamente de sus padres —una cifra impactante de 10.000 por año.

Mientras los abogados continúan luchando, expertos en el área como Yossi Silman, ex director del servicio social admite que se están cometiendo errores enormes. Un ejemplo de eso son los centros de emergencias, lugares para donde los niños son llevados ni bien son arrancados de su casa. La ley establece que los niños no pueden ser retenidos por más de tres meses, sin embargo, el Sr. Silman admite que más del 60 % son retenidos más tiempo, y después de 3 meses el daño al niño ya está hecho. Se sabe que en un proceso de divorcio, los niños pueden ser usados como instrumentos, y el resultado final es que los niños son robados por los asistentes sociales. En el centro de emergencia, se les administran drogas a niños de 3 años sin consentimiento de los padres.

Es difícil creer que un ministerio de bienestar social puede arrancar niños de sus casas de forma tan cruel, contra la voluntad de los padres y de ellos mismos. Dar como explicación que el niño está en peligro no tiene sentido si solo uno o dos de los niños son alejados de la familia, o que solo un niño se queda con el padre o madre, como sucede habitualmente. Si un padre o madre fuera tan peligroso, tendría más sentido sacar de casa inmediatamente a todos los niños. No es así. Los padres son controlados por medio de la amenaza de que perderán sus hijos uno por uno. Una vez que el niño o niña entra en el sistema, se le permite hacer visitas a sus hogares, a veces sin supervisión. Los niños se han transformado en un negocio y son una fuente de ganancias para instituciones privadas.

Se sabe que los/as asistentes sociales pueden llevarse a un niño solo por rumores sin necesidad de pruebas. A pesar de las protestas, también se sabe que los jueces sellan los papeles de los/as asistentes sociales para que un niño pueda ser sacado de su casa sin que los hechos sean verificados ni haya un juicio justo.

En el programa, un psiquiatra habla sobre cómo los informes son ignorados y los niños no son devueltos a sus padres, contrariando las opiniones profesionales. Actualmente una madre está acampando en la calle en Jerusalén en una campaña para que le devuelvan su hijo, con la prueba de un informe realizado por una falsa psiquiatra. La psiquiatra en cuestión nunca vio al niño, aunque firmó el informe para los asistentes sociales. Pero también funciona lo contrario, aunque los niños siempre pierden.

El programa sólo tocó la punta del iceberg. No está en la lista de prioridades ayudar a las familias con problemas financieros. El objetivo es llevarse a los niños de familias carentes.

Se han escrito muchos artículos y son abrumadoras las pruebas de que el Ministerio de Bienestar Social necesita hacer reformas. Desde que fue privatizado, hay un abuso desenfrenado de niños, jóvenes y ancianos.

Entonces, ¿por qué las personas no están manifestándose en las calles y exigiendo el regreso de sus hijos? ¿Por qué aceptan ese abuso de forma tan pasiva?

El sistema de bienestar funciona de manera sistemática y la policía coopera con ellos, no al revés. La gente tiene miedo. La Rehavá (el sistema de bienestar social en hebreo) tiene mucho poder. No hay defensores del pueblo independientes a quienes acudir; los empleados públicos no pueden ser investigados o desafiados. La forma insidiosa en la que trabajan significa que un padre o madre se paraliza por los acontecimientos y no existe juicio justo. A menudo no hay un procedimiento estándar en relación a cómo los niños son arrancados de sus hogares. A veces es por un rumor, tal vez de un ex contrariado o de un vecino. Otras veces se sabe que la familia está «marcada» y se transforma en el blanco de por vida de los asistentes sociales.

Las protestas de más de 3 personas requieren autorización de la policía. Es probable que cualquier pedido para protestar contra la Rehavá sea negado.

Las prácticas de los asistentes sociales van contra todos los requisitos de la Convención de los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas. La falta de razonamiento en los asistentes sociales que separan a los niños de sus hermanos y hermanas con el argumento de riesgos no demostrados es una tragedia en la sociedad israelí.

El Ministerio de Bienestar Social no tiene políticas para las familias que sufren dificultades financieras —la primera opción es arrancar a los niños de sus hogares, lo que causa un daño inconmensurable. Con el nivel de pobreza en Israel de casi 40 %, no es de sorprenderse que el director diga que más de 300 mil niños están en riesgo. Pero firmar un certificado de «necesidad» para obtener ayuda significa realmente que los niños pueden ser tomados por el Estado. No hay que asombrarse que las personas no consideren seguro recurrir al sistema de bienestar social.

Pero el mundo permanece en silencio y los fondos son canalizados para que haya ganancias en abundancia. ¿De dónde proviene esa ayuda? Hasta que los activistas en las redes sociales no lleguen a los grandes medios, miles de familias se encaminan a la destrucción y la ruina permanente. Las personas están acudiendo a la ONU, pero desafortunadamente no hay tratados firmados por Israel que permitan seguir un camino, así que esa gente se está preparando para presentar las demandas en los Estados Unidos.

Le puede pasar a cualquiera en Israel, rico o pobre. Los blancos principales son los más pobres, que la tienen más difícil. El amor por sus hijos no es menos valioso que el de los ricos. A veces, son sus hijos los que los animan a seguir. Las tasas de suicidio pueden ser reducidas si hay reformas y se les da ayuda de verdad a las familias que están luchando por sobrevivir y que temen exactamente a la organización a la que deberían pedir apoyo.

El programa de Canal 10 con subtítulos en inglés

Fuente: https://www.byline.com/column/36/article/848

Traducción: Los Otros Judíos.com

Redacción.- La sociedad israelí da una muestra más de cuán enferma se encuentra. No es solo la ocupación y la opresión del pueblo palestino hace 70 años. Las relaciones que se establecen entre el Estado judío y sus ciudadanos son vínculos de una institucionalidad completamente corrompida, donde lo que impera son las ganancias a costa de su propia población.

Pretender que salga alguna solución de convivencia, de paz con justicia, en relación al pueblo palestino es una quimera que está en la mente de los aliados y alcahuetes de Israel.

Mientras tanto, los activistas por los Derechos Humanos del pueblo palestino del mundo seguiremos en nuestra lucha hasta que Israel termine la ocupación, desmantele el muro y las colonias, deje de discriminar a los palestinos/as que viven en la Palestina del 48 y respete el derecho de los refugiados al retorno a su tierra (derecho reconocido por la ONU).

El gobierno de Venezuela reiteró este viernes su exigencia desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de proveer protección internacional para los niños palestinos frente a las violaciones de sus derechos por parte de Israel.

El embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, expresó a través de su cuenta en Twitter que la nación suramericana, «desde el Consejo de Seguridad en la ONU, exige la protección internacional a los niños de Palestina».

El diplomático denunció que las fuerzas de ocupación de Tel Aviv tienen actualmente a más de 4.000 infantes detenidos, al tiempo que enfatizó que «debe cesar el encarcelamiento y asesinato de los niños» a mano de los cuerpos militares israelíes.

Sentada donde había una escuela en una comunidad beduina, demolida por Fuerzas de ocupación de Israel.

«Los niños de Palestina tienen derecho a la vida y a la paz. Cese la ocupación israelí. Viva Palestina libre», manifestó Ramírez, quien en días pasados resaltó la necesidad de que el Consejo de Seguridad visite el territorio para constatar los elementos en torno al conflicto israelí-palestino.

Durante un balance sobre las acciones de Venezuela en la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad, Rafael Ramírez afirmó que el país caribeño se ha enfocado en defender la soberanía y la independencia de los Estados.

«Fuimos enfáticos en señalar que los ataques a las soberanías y a la independencia de los Estados, la injerencia de los asuntos internos de los países y la promoción del recurso de guerra como instrumento político exterior (…), representan una amenaza en la convivencia pacífica entre las naciones», apuntó.

De la misma forma, resaltó la trascendencia de los organismos regionales y subregionales «en materia de paz y seguridad regional», con el propósito de mantener la estabilidad en el hemisferio.

La víspera, Ramírez informó a través de su cuenta en Twitter que Venezuela «fue electa por aclamación a la Presidencia del Comité de Descolonización de la ONU», tras lo cual aseguró que es un «desafío» que asume con responsabilidad para luchar «contra el colonialismo en el mundo».

Dima, 12 años, es la presa palestina más joven. Fue sentenciada a cuatro meses y medio de cárcel por un tribunal israelí.

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Fuente: Agencia de Xinhua.

Por Carlos Aznárez.

En medio de los continuos atropellos y asesinatos contra el pueblo palestino, y cuando nuestro colega, el periodista Muhammad Al-Qiq sigue peleando contra la muerte en el 89 día de su huelga de hambre, desde Argentina podemos transmitir una buena noticia vinculada a la lucha  en defensa de la autodeterminación de la Palestina ocupada. Un año y dos meses después de que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), expresión local del sionismo junto con la Embajada israelí, abriera una causa penal contra los periodistas Carlos Aznárez (Director de Resumen Latinoamericano) y Rubén Saboulard (Director de la revista La Maza), la Fiscalía actuante en el caso ha decidido archivar el tema por no encontrar pruebas suficientes para iniciar el juicio y muchos menos para enviar a la cárcel a ambos periodistas, como les hubiera gustado a los representantes sionistas. Como lo habíamos sostenido en todas las oportunidades lo que estaba en discusión era la defensa de la libertad de expresión y opinión y no un ataque contra convicciones religiosas o raciales de la colectividad judía, como pretendía la DAIA.