Sobre las demoliciones en la periferia de Jerusalén.
Por María Landi.
“Ante la escena de los soldados obligando a las familias palestinas a abandonar sus hogares, en todas las manifestaciones en las que he participado en los últimos años en los territorios ocupados, se ve el horrible papel de los soldados con máscaras negras sobre sus rostros. Parecen figuras de los períodos más oscuros de nuestra propia historia. Dicen que es para proteger a nuestros soldados. Tal vez es porque deberíamos estar tan avergonzados de ver en lo que nos hemos convertido, que no quieren mostrar sus caras. ¿Quizás sientan la vergüenza? Probablemente no. No se puede mantener una ocupación militar sobre millones de personas durante años sin convertirse en la esencia del mal. Eso es en lo que nos hemos convertido, y ya ni siquiera nos avergonzamos de lo que hacemos.”
Gershon Baskin
No hay nada demasiado nuevo en lo ocurrido el 22 de julio en Wadi al-Hummus, la parte oriental del vecindario palestino de Sur Bahir, al sureste de Jerusalén ocupada. Es una operación más de la guerra demográfica que Israel libra en la ciudad para deshacerse de la población palestina y judaizar por completo su “capital eterna e indivisible”. Como bien tituló la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, La excusa: seguridad. La estrategia: una mayoría demográfica judía.
Wadi al-Hummus puede verse como un microcosmos del régimen de ocupación colonial y apartheid israelí: la tierra palestina es apropiada y ocupada para construir colonias para uso exclusivo judío (ilegales según el Derecho Internacional); para proteger a las colonias se construye una barrera/muro de separación y se toma otras medidas de ‘seguridad’ (checkpoints militares, restricciones a la libertad de movimiento y de construcción); se fragmenta el territorio ocupado y se asigna diferentes documentos de identidad y permisos de residencia a sus habitantes; se implementan políticas de segregación para expulsar a la población no judía residente (mucho más cuando se trata de Jerusalén), estrangulándola mediante reglamentos y exigencias kafkianas y acosándola de diversas maneras; se desconoce y atropella cualquier tipo de jurisdicción y autonomía de la Autoridad Palestina, dejando claro quién es el único poder que manda entre el Mediterráneo y el Jordán; y sobre todo, el Ejército toma las principales decisiones sobre la vida y la muerte de la población ocupada, y el sistema judicial -al servicio de los intereses del poder ocupante- se limita a validarlas. En síntesis, un Ejército de ocupación gobierna disfrazado de democracia (‘la única de Medio Oriente’, según la propaganda sionista para consumo occidental).
No está de más recordar que todas las políticas y acciones de desalojo, expulsión de la población ocupada, demolición de sus propiedades, apropiación de su tierra y asentamiento en ella de la población ocupante son estrictamente crímenes de guerra -cometidos diariamente por el Estado de Israel- según el IV Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, bajo el Derecho Internacional Humanitario que, según la ONU, es la legislación aplicable en el territorio palestino ocupado.
Vivir en el limbo
Estas no fueron las primeras viviendas demolidas en esa zona, ni serán las últimas. Muchas otras construcciones nuevas están bajo la misma amenaza. El 22 de julio, 17 personas -dos familias-, de las cuales 11 son menores de edad, quedaron sin techo, y otras 350 perdieron sus casas antes de haberlas estrenado. Además de perderlas (y por supuesto no recibir indemnización alguna), las familias están obligadas a pagar el ‘servicio’ de demolición, tal como establece la perversa normativa israelí.
No obstante, dos rasgos hacen especial a esta demolición: la cantidad de unidades destruídas (más de 70, por tratarse de 11 edificios) y el hecho de que las viviendas -a diferencia de la mayoría de las que son demolidas habitualmente por el régimen israelí- sí tenían permiso de construcción, y en ese sentido eran totalmente legales. El permiso había sido otorgado por la Autoridad Palestina, que -en teoría- tiene jurisdicción en parte de Cisjordania (en las áreas A y B, pero no en el área C, según los tramposos Acuerdos de Oslo), ya que Wadi al-Hummus no es considerado parte de Jerusalén. Pero como sucede casi siempre, tras una larga batalla judicial, enormes sumas de dinero y una cantidad inconmensurable de estrés, angustia e incertidumbre durante años, los propietarios palestinos perdieron el recurso de apelación, y la Corte Suprema de Israel ratificó la decisión del Ejecutivo.
La razón esgrimida para la demolición es tan simple como brutal: las viviendas palestinas constituyen un peligro para la seguridad de la población judía que habita (ilegalmente) en las colonias vecinas, pues están construidas demasiado cerca de la barrera de separación (versión suburbana del Muro). Estos días las familias residentes de Sur Bahir se enteraron de que una orden militar del Ejército israelí emitida en 2011 (y no comunicada a la población palestina) prohibe la construcción de viviendas a menos de 200 metros de la barrera/muro de separación. Una barrera que el mismo Estado de Israel ha construido desde 2002 para fragmentar y robar el territorio palestino, aislar a Jerusalén de Cisjordania y dejar fuera de la ciudad las comunidades jerosolimitanas con población palestina.
El hecho es que el vecindario de Sur Bahir -al que pertenece Wadi al-Hummus- está en un limbo administrativo y territorial, atrapado entre la barrera de separación y la jurisdicción municipal israelí. Tras la construcción del Muro/barrera, a pesar de haber quedado separadas físicamente de Cisjordania y ubicadas del lado de Jerusalén, las zonas de Wadi al-Hummus, al-Muntar y Deir al-Amud y sus residentes no fueron incorporadas dentro de los límites municipales de la ciudad. Su situación es similar a la de las comunidades de Cisjordania ubicadas en la llamada ‘zona de costura’ (seam zone): la ruta arbitraria e ilegal del Muro las dejó ‘del lado israelí’ (separadas de Cisjordania), entre el Muro y la Línea Verde; no están ni en Cisjordania ni en ‘Israel’.
«Es como si viviéramos en el limbo», dijo un residente de Wadi al-Hummus a Mondoweiss. «Estamos legalmente bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina, pero el gobierno israelí no permite que la AP ejerza su autoridad más allá del muro». Aunque el gobierno israelí no permite que la AP preste servicios a estas zonas, el ayuntamiento de Jerusalén también se niega a hacerlo (excepto recolección de residuos), porque las zonas están técnicamente fuera de los límites municipales. Toda la infraestructura -pavimento, electricidad, agua, etc.- fue construida por los propios residentes.
Wadi al-Hummus, al sureste de Sur Bahir, en medio de la kafkiana geografía de la ocupación creada en Oslo: las viviendas están repartidas entre la barrera/muro y las áreas A, B y C. (UNOCHA).
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