A 65 años de la implantación de un Estado en tierra ajena

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Por Miguel Ibarlucía.

Próximamente se cumplirán 65 años desde que el líder de una comunidad étnica minoritaria –gran parte de ella, recién llegada- proclamara con el apoyo de las principales potencias mundiales, la creación de un Estado étnico-religioso en las tierras habitadas mayormente por otro pueblo, un pueblo pobre, desprotegido y abandonado a su suerte por la comunidad internacional.

La implantación de Israel en tierra palestina en 1948, previa conquista por las armas y expulsión de sus habitantes, es uno de los actos más atroces del siglo XX y sin embargo quienes lo hicieron han logrado convencer a gran parte de la comunidad internacional de que ese hecho fue producto de una resolución de las Naciones Unidas, la famosa Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 que aprobara el Plan de Partición. Incluso muchos de los activos defensores de la causa palestina repiten a coro esa afirmación, otorgando al Estado terrorista de Israel un aura de legitimidad de la que carece totalmente.

La Resolución 181 efectivamente consideró un Plan de Partición con Unión Económica para el territorio de Palestina bajo mandato de Gran Bretaña, desde la época de la Sociedad de las Naciones, ente creado por las potencias coloniales después de la Primera Guerra Mundial. Pero de la simple lectura del texto surge que la Asamblea de las Naciones Unidas recomienda al Reino Unido y a los demás miembros la aprobación y aplicación de dicho plan e invita a los habitantes de Palestina a hacer lo propio.

Es lógico que así haya sido ya que las Naciones Unidas no tienen, de acuerdo a su carta orgánica, ninguna facultad para disponer del territorio de ningún Estado miembro o no miembro, ni siquiera de los llamados territorios fideicomitidos, los que formaban parte del sistema de mandatos ya mencionado. Los artículos 73 y siguientes de la Carta de las Naciones Unidas regulaban estas situaciones previendo que debía ayudarse a los pueblos que habitaban esos territorios a alcanzar el gobierno propio, para lo cual se debía tener en cuenta “los deseos libremente expresados de los pueblos interesados”. Es sabido que los palestinos nunca fueron consultados pero, enterados de la resolución, sus principales referentes comunitarios dijeron terminantemente que no, ya que el Plan de Partición preveía entregar el 56% del territorio al 33% de la población –en gran número llegados muy poco tiempo antes-, lo que constituía una injusticia notoria.

La comunidad judía, liderada por David Ben Gurión, aceptó la partición pero no sus límites –ni las condiciones jurídicas y económicas que se proponían- desatando en consecuencia una guerra de conquista para apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible y a la vez llevó adelante un proceso de limpieza étnica contra la mayoría palestina para que el futuro Estado de Israel contara con un predominio de población judía indiscutible. Es decir, para construir un Estado étnico en el que la mayoría profesara la religión judía o se identificara con esa tradición.

Como resultado de esa guerra, el Estado proclamado el 14 de mayo de 1948 pasó a ocupar el 78% del territorio palestino y la población originaria fue recluida en el 22% restante o expulsada a los países vecinos, salvo una pequeña cantidad que permaneció en el territorio del nuevo Estado ya que no amenazaba el “carácter judío” de éste. El siguiente mapa es ilustrativo al respecto:

Fuente: http://www.oicpalestina.org/imagenes/mapas/planparticion1947.jpg

Resulta evidente que si el territorio finalmente controlado por Israel e incorporado a su Estado no se condice con el propuesto por el Plan de Partición, éste no fue aceptado ni aplicado. No es posible aceptar una propuesta de solución por la mitad, rechazando lo que no conviene. Ergo, lo que Israel obtuvo fue producto de una guerra. Israel es un Estado de Conquista, creado, proclamado y constituido en franca violación al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada poco tiempo antes, que veda el recurso “a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Israel es un Estado implantado en tierra ajena.

Tampoco aceptó la comunidad judía –liderada por el sionismo- la internacionalización de Jerusalén que proponía el Plan de Partición, como ciudad dependiente de las Naciones Unidas, con gobierno municipal propio, para proteger lo que se consideraba la ciudad santa de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, ciudad que se abriría así a los peregrinos de todas las religiones sin pertenecer a ninguna en particular. Los sionistas desataron un plan de atentados terroristas y una guerra feroz para apoderarse de Jerusalén y lograron hacerlo sólo en la mitad occidental dada la feroz resistencia árabe y en particular del Rey de Jordania que impidió se apropiaran de los lugares sagrados. Finalmente lo consiguieron en 1967 al tomar Jerusalén Oriental. En 1980 la proclamaron capital indivisible del Estado de Israel en otra abierta contradicción con la Resolución 181, hecho que fue condenando por Naciones Unidas mediante la Resolución 478 de ese año.

El Plan de Partición establecía la igualdad de derechos civiles y políticos de todos los residentes, árabes o judíos, cualquiera fuera el Estado en el que finalmente quedaren habitando y preveía también la Unión Económica entre ambos Estados a crearse, el árabe y el judío, que se expresaría en una unión aduanera, una moneda común, la administración conjunta de los transportes, el riego y en general toda la infraestructura de servicios públicos. Es obvio que nada de esto se cumplió pero además el Plan prohibía la expropiación de inmuebles salvo por razones de orden público. Es sabido que no se expropió a los palestinos, lisa y llanamente se les confiscaron sus propiedades y pertenencias que fueron repartidas entre los judíos a caballo de la Ley de Ausentes que declaraba tales a los expulsados por la fuerza. Perdieron sus derechos civiles y durante mucho tiempo se les privó de sus derechos políticos, situación que hoy persiste en gran medida ya que les está prohibido proponer que Israel no sea un estado judío sino uno laico, de todo la población.

Resumiendo, las Naciones Unidas no crearon el Estado de Israel porque: 1) carecen de facultades para ello; 2) sólo aprobaron una recomendación, es decir, una propuesta de mediación para resolver un conflicto entre partes; 3) las partes no aceptaron la propuesta; 4) la comunidad judía en Palestina desató una guerra, expulsó a la mayoría de la población originaria y proclamó un Estado étnico-religioso excluyente en un territorio muy superior al previsto en la propuesta de partición; 5) no se internacionalizó Jerusalén; 6) no se conformó la Unión Económica ni la administración en común del agua o el sistema de transportes; 7) se confiscaron las propiedades de los residentes palestinos expulsados para ser entregadas a los conquistadores, privándoselos de sus derechos civiles; 8) se limitaron sus derechos políticos.

De allí que seguir sosteniendo, como lo ha hecho el sionismo muy hábilmente, que Israel es producto del Plan de Partición de Naciones Unidas, no sólo es una falacia sino que además otorga a un Estado surgido de un hecho de conquista por la fuerza de las armas, un status de legitimidad que indudablemente no posee. Esta creencia trae como corolario un error de diagnóstico sobre el origen del drama del pueblo palestino, que no fue en 1967 con la ocupación de nuevos territorios en la Guerra de los Seis Días, –como afirman los sostenedores del Estado sionista- sino en 1948 con la conquista y limpieza étnica de la Palestina histórica.

Miguel Ibarlucía es abogado, autor de Israel, Estado de Conquista, Editorial Canaán, Buenos Aires, 2012.- Normal 0 21

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=167722

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