Por Ali Abunimah (Electronic Intifada).

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría votar tan pronto como hoy una resolución que establezca un plazo de doce meses para alcanzar un acuerdo de paz palestino-israelí y que reclame a Israel retirarse de Cisjordania y de la Franja de Gaza bajo ocupación, a finales de 2017.El proyecto lo presentó formalmente Jordania a instancias de Mahmud Abbas, dirigente de facto del bantustán de la Autoridad Palestina. El texto de la resolución fue publicado en el diario israelí Haaretz.

El ministro de Asuntos Exteriores de la AP, Riyad al-Maliki, señaló, como informa Haaretz, que la resolución es una «”versión promovida por Francia”.

Voy a explicar por qué espero que uno de los miembros permanentes –casi seguro que será el gobierno de Obama– vete esta terrible resolución.

Evalúo las medidas relacionadas con Palestina a través de un prisma sencillo y coherente: esta iniciativa ¿nos sitúa más cerca de la realización de los derechos palestinos, de todos los derechos de palestinos?

Los derechos a los que me refiero se exponen sucintamente en el llamamiento palestino al Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS): el fin de la ocupación israelí de territorio palestino durante y desde 1967; el fin del racismo institucionalizado de Israel contra los palestinos en el actual Israel (las áreas en que se creó Israel en 1948); y el regreso de los refugiados palestinos a sus tierras y hogares.

Creo en una visión positiva de una Palestina completa y libre, donde todas las personas vivan en un territorio descolonizado y reunificado, sin discriminación por motivos de religión o etnia y sin partición territorial sectaria.

Es por eso por lo que me he opuesto absolutamente a las iniciativas de “reconocer” el llamado “Estado de Palestina”.

Esas iniciativas de “reconocimiento” son un esfuerzo para resucitar de la muerte la “solución de dos Estados” y rescatar a Israel como Estado judío racista, tal y como Joseph Massad explicó en un artículo imprescindible para The Electronic Intifada esta semana.

Esta resolución trata de hacer exactamente lo mismo, con la excepción de que lo hace de modo más vinculante y por lo tanto más peligroso. Afirma que “una solución justa, duradera y pacífica del conflicto israelí-palestino sólo puede lograrse por medios pacíficos, en base a un compromiso permanente para el reconocimiento mutuo, libre de violencia, de incitación y de terror, y mediante la solución de dos Estados”.

Insiste en que toda la cuestión de Palestina se reduce a la cuestión de la ocupación de 1967 y que solo con poner fin a esa ocupación se darían por cumplidas con eficacia todas las exigencias palestinas.

La resolución utiliza un lenguaje vago, engañoso y francamente deshonesto por el cual se consagraría en el Derecho Internacional la solución sionista “liberal” de dos Estados, y asestaría un golpe devastador a los derechos palestinos, en particular al derecho al retorno de los refugiados.

Allí donde se habla de “derechos” es para referirse al “derecho palestino a la autodeterminación”, una fórmula vaga que ha pasado a significar, en efecto, un Estado de bantustanes y nada más.

Declara asimismo el “derecho de todos los Estados de la región a vivir en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”, lo que significa, de hecho, reconocer el “derecho” de Israel a ser un Estado racista.

En el momento de escribir estas líneas, se informó de que el proyecto aún podría ser modificado con el fin de tratar de evitar un veto de Estados Unidos. Pero está claro que las posibles modificaciones posteriores lo empeorarían más de lo que está.

La resolución es extensa, así que no la abordaré punto por punto sino que plantearé algunas cuestiones clave.

El derecho al retorno

La resolución no habla de los “derechos” de los refugiados palestinos. En su lugar, habla de “el imperativo de resolver el problema de los refugiados palestinos sobre la base del Derecho Internacional y de las resoluciones relativas, incluida la resolución 194 (III), tal como se estipula en la Iniciativa Árabe de Paz”.

La Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, de 1948, resuelve que “a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos se les debe permitir hacerlo en la fecha más pronta posible” y deberían recibir una compensación.

El borrador actual habla de una “solución justa y acordada al problema de los refugiados de Palestina sobre la base de la Iniciativa Árabe de Paz [sic], el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, incluida la resolución 194”.

Este lenguaje enrevesado –que se refiere a la “iniciativa de paz” de la Liga Árabe de 2002– está diseñado para tranquilizar a Israel al respecto de que los palestinos no seguirán insistiendo en su derecho al retorno, sino que, por el contrario, aceptarán varios planes de reubicación y re-asentamiento destinados a garantizar a Israel su mayoría judía violentamente manipulada. (He analizado cómo la Iniciativa Árabe de Paz socava los derechos palestinos, especialmente los derechos de los refugiados, en un informe para el Centro de Palestina en 2008).

Los refugiados palestinos no son el “problema”. El problema es la negación israelí de sus derechos únicamente sobre la base racista de que no son judíos.

Respaldo a los asentamientos

El proyecto de resolución declara entre otras cosas que “la solución negociada se basará” en “fronteras basadas en las del 4 de junio de 1967, de mutuo acuerdo, delimitadas, equivalentes e intercambiadas”.

La repetida insistencia de la expresión “basados en” en este contexto se parece mucho a cuando nos dicen de una película de Hollywood casi totalmente ficticia y fantástica que “se basa en una historia real”.

Se trata sencillamente de una fórmula que permite a Israel mantener la mayoría o todos los asentamientos ilegales que ha construido en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén, tal y como la autoridad de Abbas propuso y aprobó previamente.

De hecho, en virtud precisamente de la misma fórmula, Abbas ofreció a Israel mantener la práctica totalidad de los asentamientos, dando como resultado lo que el negociador de la AP, Saeb Erekat, denominó, usando el nombre hebreo de Jerusalén, “la mayor Yerushalayim de la historia judía”.

Destaca especialmente que el proyecto de resolución reclame una “retirada gradual de las fuerzas de seguridad israelíes que pondrá fin a la ocupación que comenzó en 1967” para finales de 2017.

Sin embargo, en ninguna parte se reclama el desmantelamiento de los asentamientos o la retirada de los colonos israelíes. Sólo se pide la retirada de las “fuerzas de seguridad”. A este respecto, se adopta la versión de la fórmula estadounidense en la cual los asentamientos no son más que un “obstáculo” para “la paz”.

Es cierto que el borrador establece que las “políticas y prácticas de Israel de crear asentamientos en los territorios ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tienen validez legal y constituyen un serio obstáculo para lograr una paz amplia, justa y duradera en Oriente Próximo”.

Pero resoluciones anteriores, como por ejemplo la Resolución 465 de 1980 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demandan que Israel “desmantele de manera efectiva los asentamientos existentes y […] cese, con carácter urgente, la creación, la construcción y la planificación” de otros nuevos. Este borrador menciona la resolución 465 de pasada en su preámbulo, pero no reitera su exigencia explícita de que los asentamientos deben ser eliminados de la tierra ocupada.

Esto se debe a que el borrador de la nueva resolución está indudablemente a favor de los colonos y de los asentamientos.

¿Reemplazar a Israel por la ocupación estadounidense?

En la línea de anteriores iniciativas de “paz” fracasadas, este proyecto de resolución llama a que las fuerzas de ocupación israelíes sean reemplazadas por “una presencia de terceros”. En el pasado, personalidades de la Autoridad Palestina han hablado de pedir a las fuerzas armadas estadounidenses o de la OTAN que ocupen el lugar de las fuerzas de ocupación israelíes para que actúen como representantes y protectoras de Israel.

De esta manera, Israel quedaría aliviado de todos los cargas económicas directas de la ocupación auqnue seguiría disfrutando de todos sus beneficios.

La “construcción del Estado”

El proyecto de resolución repite la falacia de que en los últimos años, bajo el liderazgo dictatorial de Abbas, se han producido “avances importantes en las iniciativas de construcción del Estado palestino”. Han sido muchos los que han desacreditado esta mentira; yo lo he hecho detalladamente en mi libro The Battle for Justice in Palestine [La batalla por la Justicia en Palestina].

Lo único que Abbas ha construido es un terrorífico aparato de “seguridad”, un no-estado policial que colabora con la ocupación israelí para reprimir a los palestinos. Tal es la opresión y el miedo de esta pequeña dictadura que dos tercios de los palestinos de Cisjordania tienen miedo en la actualidad criticar a Abbas por temor a ser objeto de hostigamiento o algo peor por parte de sus milicias y servicios de inteligencia, respaldados por Israel y por Estados Unidos y financiados por la UE.

La visión que presenta esta resolución que Abbas apoya representa la misma vieja cárcel palestina que los palestinos han resistido y rechazado durante décadas disfrazada ahora de “autodeterminación” y “estatalidad”.

El hecho de que Israel se oponga a la resolución no debe engañar a nadie. Se debe a que, como explica Massad, el actual gobierno israelí prefiere la anexión forzosa de toda la tierra antes que el enfoque sionista “liberal” del paso a paso que esta resolución encarna.

Pero al final el resultado es el mismo: Israel mantiene los asentamientos y la tierra y consigue seguir siendo un Estado racista mientras que los palestinos renuncian a sus derechos.

Por todo ello nos encontramos hoy en día en esta extraña posición de querer que el rumbo más probable para salvar a los palestinos de este desastre sea un veto estadounidense.

Traducción para Rebelión de Loles Oliván.

Fuente: Electronic Intifada y Rebelión.