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Cómo Israel ayudó a los escuadrones de la muerte en América Latina – parte 1

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La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, habla durante la sesión convocada para tratar las acciones de Israel en Gaza, en Nueva York, el pasado 13 de junio de 2018. [Mohammed Elsham/Anadolu Agency]

Por Asa Winstanley.

La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, anunció el miércoles pasado que su país se retira del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Haley, nombrada por Trump, acusó al consejo de ser “una cloaca de prejuicios políticos” y de ser “hostil hacia Israel.”

También criticó a ACNUR por no considerar ninguna resolución contra Venezuela u otros países que Washington considera sus enemigos oficiales. No es de extrañar que Venezuela y otros gobiernos de izquierdas latinoamericanos hayan criticado a menudo los abusos contra los derechos humanos perpetrados por Israel.

Esto se debe a diversos factores, incluido el gran número de población palestina refugiada y de la diáspora que vive en Sudamérica, y el hecho de que el pueblo de Latinoamérica ha sufrido muchas veces el imperialismo estadounidense, al igual que los ciudadanos del mundo árabe. Sin embargo, existe otro factor muy relacionado con este último. Israel cuenta con décadas de historial de apoyo militar, político y de inteligencia a las dictaduras más derechistas, represivas y asesinas de América Latina. De nuevo, no es de extrañar que estos regímenes asesinos hayan operado a menudo coordinados con Estados Unidos.

Este hecho dota de una ironía amarga al sermón hipócrita de Haley acerca de los “abusadores contra los derechos humanos” a los que, según ella, protege ACNUR. Uno de los mejores libros que hay sobre este tema fue publicado en 1991 y escrito por Alexander y Leslie Cockburn: Dangerous Liaison, “La historia del interior de la relación encubierta entre Estados Unidos e Israel y las actividades internacionales que ha servido para esconder.”

La conexión de Israel con las dictaduras más brutales de América Latina alcanzó su auge en los 80, cuando el país estaba gobernado por políticos de derechas como Menachem Begin y Ariel Sharon. También prosperó bajo los auspicios de los supuestos políticos sionistas “de izquierdas”, como David Ben-Gurion y el ganador del premio Novel Shimon Peres, quien, como escribí en mi última columna en MEMO, justificó el armamiento de una dictadura en República Dominicana citando descaradamente principios mercenarios.

De hecho, la conexión es más antigua que el propio Estado de Israel. Allá por 1939, la Haganá – la milicia sionista pre estatal que lideró después la limpieza étnica de Palestina en 1948 y se transformó en las Fuerzas de Defensa de Israel – estableció vínculos con el general Anastasio Somoza García, el dictador que entonces gobernaba Nicaragua. El hijo de García, Anastasio Somoza Debayle, también gobernó después el país con puño de hierro.

Somoza padre era un hombre tan cruel que se dice que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dijo sobre él que “puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.”

Este líder del régimen de tortura nicaragüense ayudó a contrabandear armas para las milicias sionistas ilegales durante la ocupación del Mandato Británico en Palestina. También ayudó a los agentes de la Haganá proporcionándoles pasaportes y ayudándoles a colar armas durante la limpieza étnica del pueblo de Palestina en 1958.

Décadas después, el terrible historial de abusos contra los derechos humanos de Somoza hijo demostró ser demasiado vergonzoso incluso para su principal partidario en la Casa Blanca. La administración del presidente Jimmy Carter le abandonó debido a los bombardeos, torturas y ejecuciones indiscriminadas de su régimen. Rápidamente, las empresas israelíes saltaron a llenar el vacío dejado por Washington. La ayuda del anciano Somoza a la causa sionista en el 40 se cita a menudo como justificación por este nuevo suministro de armas al terrible gobierno de Nicaragua.

Después de que Somoza hijo fuera expulsado por la revolución de izquierdas sandinista de 1979, Estados Unidos, gobernado por Ronald Reagan, se negó a aceptar la pérdida de este aliado. Con ayuda de Israel, Reagan intentó expulsar al gobierno sandinista.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense lo hizo al crear un ejército cuya mayoría de reclutas eran torturadores y asesinos que formaron parte de las antiguas fuerzas armadas de la dictadura de Somoza. Estos escuadrones de la muerte fueron apodados los Contras, por la contrarrevolución, ya que luchaban contra el gobierno revolucionario de izquierdas.

En Estados Unidos, Reagan hizo propaganda de los Contras como “luchadores por la libertad” en contra del comunismo, pero la mayoría de la gente no se lo creyó. El Congreso prohibió a la Casa Blanca proporcionar más armas a los Contras, citando preocupaciones respecto a sus historial de abusos contra los derechos humanos, que incluía tortura, violaciones y ejecuciones.

Una de las formas en las que la CIA evadió estas restricciones fue empleando la ayuda de Israel como un “atajo” para ayudar ilegalmente a los Contras. Los israelíes usaron varios medios para ello; uno de los más irónicos fue el envío de antiguas armas de la OLP a los Contras.

En 1982, Israel invadía Líbano para acabar con la Organización para la Liberación Palestina, el organismo político y militar líder del pueblo palestino. El ala armada de la OLP resistió firmemente, y el avance israelí hacia la capital libanesa, Beirut, fue lenta. Sin embargo, al final Estados Unidos negoció la salida de la OLP del país. Esto resultó en la infame masacre de 3.000 refugiados palestinos indefensos en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila, en los suburbios del sur de Beirut, ejecutados a sangre fría por milicias cristianas aliadas de y ayudadas por Israel.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.

Fuente: Monitor de Oriente.

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Por qué quiero que EEUU vete la resolución de Naciones Unidas sobre Palestina que promueve Abbas

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palestina-futuroPor Ali Abunimah (Electronic Intifada).

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría votar tan pronto como hoy una resolución que establezca un plazo de doce meses para alcanzar un acuerdo de paz palestino-israelí y que reclame a Israel retirarse de Cisjordania y de la Franja de Gaza bajo ocupación, a finales de 2017.El proyecto lo presentó formalmente Jordania a instancias de Mahmud Abbas, dirigente de facto del bantustán de la Autoridad Palestina. El texto de la resolución fue publicado en el diario israelí Haaretz.

El ministro de Asuntos Exteriores de la AP, Riyad al-Maliki, señaló, como informa Haaretz, que la resolución es una “”versión promovida por Francia”.

Voy a explicar por qué espero que uno de los miembros permanentes –casi seguro que será el gobierno de Obama– vete esta terrible resolución.

Evalúo las medidas relacionadas con Palestina a través de un prisma sencillo y coherente: esta iniciativa ¿nos sitúa más cerca de la realización de los derechos palestinos, de todos los derechos de palestinos?

Los derechos a los que me refiero se exponen sucintamente en el llamamiento palestino al Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS): el fin de la ocupación israelí de territorio palestino durante y desde 1967; el fin del racismo institucionalizado de Israel contra los palestinos en el actual Israel (las áreas en que se creó Israel en 1948); y el regreso de los refugiados palestinos a sus tierras y hogares.

Creo en una visión positiva de una Palestina completa y libre, donde todas las personas vivan en un territorio descolonizado y reunificado, sin discriminación por motivos de religión o etnia y sin partición territorial sectaria.

Es por eso por lo que me he opuesto absolutamente a las iniciativas de “reconocer” el llamado “Estado de Palestina”.

Esas iniciativas de “reconocimiento” son un esfuerzo para resucitar de la muerte la “solución de dos Estados” y rescatar a Israel como Estado judío racista, tal y como Joseph Massad explicó en un artículo imprescindible para The Electronic Intifada esta semana.

Esta resolución trata de hacer exactamente lo mismo, con la excepción de que lo hace de modo más vinculante y por lo tanto más peligroso. Afirma que “una solución justa, duradera y pacífica del conflicto israelí-palestino sólo puede lograrse por medios pacíficos, en base a un compromiso permanente para el reconocimiento mutuo, libre de violencia, de incitación y de terror, y mediante la solución de dos Estados”.

Insiste en que toda la cuestión de Palestina se reduce a la cuestión de la ocupación de 1967 y que solo con poner fin a esa ocupación se darían por cumplidas con eficacia todas las exigencias palestinas.

La resolución utiliza un lenguaje vago, engañoso y francamente deshonesto por el cual se consagraría en el Derecho Internacional la solución sionista “liberal” de dos Estados, y asestaría un golpe devastador a los derechos palestinos, en particular al derecho al retorno de los refugiados.

Allí donde se habla de “derechos” es para referirse al “derecho palestino a la autodeterminación”, una fórmula vaga que ha pasado a significar, en efecto, un Estado de bantustanes y nada más.

Declara asimismo el “derecho de todos los Estados de la región a vivir en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”, lo que significa, de hecho, reconocer el “derecho” de Israel a ser un Estado racista.

En el momento de escribir estas líneas, se informó de que el proyecto aún podría ser modificado con el fin de tratar de evitar un veto de Estados Unidos. Pero está claro que las posibles modificaciones posteriores lo empeorarían más de lo que está.

La resolución es extensa, así que no la abordaré punto por punto sino que plantearé algunas cuestiones clave.

El derecho al retorno

La resolución no habla de los “derechos” de los refugiados palestinos. En su lugar, habla de “el imperativo de resolver el problema de los refugiados palestinos sobre la base del Derecho Internacional y de las resoluciones relativas, incluida la resolución 194 (III), tal como se estipula en la Iniciativa Árabe de Paz”.

La Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, de 1948, resuelve que “a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos se les debe permitir hacerlo en la fecha más pronta posible” y deberían recibir una compensación.

El borrador actual habla de una “solución justa y acordada al problema de los refugiados de Palestina sobre la base de la Iniciativa Árabe de Paz [sic], el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, incluida la resolución 194”.

Este lenguaje enrevesado –que se refiere a la “iniciativa de paz” de la Liga Árabe de 2002– está diseñado para tranquilizar a Israel al respecto de que los palestinos no seguirán insistiendo en su derecho al retorno, sino que, por el contrario, aceptarán varios planes de reubicación y re-asentamiento destinados a garantizar a Israel su mayoría judía violentamente manipulada. (He analizado cómo la Iniciativa Árabe de Paz socava los derechos palestinos, especialmente los derechos de los refugiados, en un informe para el Centro de Palestina en 2008).

Los refugiados palestinos no son el “problema”. El problema es la negación israelí de sus derechos únicamente sobre la base racista de que no son judíos.

Respaldo a los asentamientos

El proyecto de resolución declara entre otras cosas que “la solución negociada se basará” en “fronteras basadas en las del 4 de junio de 1967, de mutuo acuerdo, delimitadas, equivalentes e intercambiadas”.

La repetida insistencia de la expresión “basados en” en este contexto se parece mucho a cuando nos dicen de una película de Hollywood casi totalmente ficticia y fantástica que “se basa en una historia real”.

Se trata sencillamente de una fórmula que permite a Israel mantener la mayoría o todos los asentamientos ilegales que ha construido en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén, tal y como la autoridad de Abbas propuso y aprobó previamente.

De hecho, en virtud precisamente de la misma fórmula, Abbas ofreció a Israel mantener la práctica totalidad de los asentamientos, dando como resultado lo que el negociador de la AP, Saeb Erekat, denominó, usando el nombre hebreo de Jerusalén, “la mayor Yerushalayim de la historia judía”.

Destaca especialmente que el proyecto de resolución reclame una “retirada gradual de las fuerzas de seguridad israelíes que pondrá fin a la ocupación que comenzó en 1967” para finales de 2017.

Sin embargo, en ninguna parte se reclama el desmantelamiento de los asentamientos o la retirada de los colonos israelíes. Sólo se pide la retirada de las “fuerzas de seguridad”. A este respecto, se adopta la versión de la fórmula estadounidense en la cual los asentamientos no son más que un “obstáculo” para “la paz”.

Es cierto que el borrador establece que las “políticas y prácticas de Israel de crear asentamientos en los territorios ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tienen validez legal y constituyen un serio obstáculo para lograr una paz amplia, justa y duradera en Oriente Próximo”.

Pero resoluciones anteriores, como por ejemplo la Resolución 465 de 1980 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demandan que Israel “desmantele de manera efectiva los asentamientos existentes y […] cese, con carácter urgente, la creación, la construcción y la planificación” de otros nuevos. Este borrador menciona la resolución 465 de pasada en su preámbulo, pero no reitera su exigencia explícita de que los asentamientos deben ser eliminados de la tierra ocupada.

Esto se debe a que el borrador de la nueva resolución está indudablemente a favor de los colonos y de los asentamientos.

¿Reemplazar a Israel por la ocupación estadounidense?

En la línea de anteriores iniciativas de “paz” fracasadas, este proyecto de resolución llama a que las fuerzas de ocupación israelíes sean reemplazadas por “una presencia de terceros”. En el pasado, personalidades de la Autoridad Palestina han hablado de pedir a las fuerzas armadas estadounidenses o de la OTAN que ocupen el lugar de las fuerzas de ocupación israelíes para que actúen como representantes y protectoras de Israel.

De esta manera, Israel quedaría aliviado de todos los cargas económicas directas de la ocupación auqnue seguiría disfrutando de todos sus beneficios.

La “construcción del Estado”

El proyecto de resolución repite la falacia de que en los últimos años, bajo el liderazgo dictatorial de Abbas, se han producido “avances importantes en las iniciativas de construcción del Estado palestino”. Han sido muchos los que han desacreditado esta mentira; yo lo he hecho detalladamente en mi libro The Battle for Justice in Palestine [La batalla por la Justicia en Palestina].

Lo único que Abbas ha construido es un terrorífico aparato de “seguridad”, un no-estado policial que colabora con la ocupación israelí para reprimir a los palestinos. Tal es la opresión y el miedo de esta pequeña dictadura que dos tercios de los palestinos de Cisjordania tienen miedo en la actualidad criticar a Abbas por temor a ser objeto de hostigamiento o algo peor por parte de sus milicias y servicios de inteligencia, respaldados por Israel y por Estados Unidos y financiados por la UE.

La visión que presenta esta resolución que Abbas apoya representa la misma vieja cárcel palestina que los palestinos han resistido y rechazado durante décadas disfrazada ahora de “autodeterminación” y “estatalidad”.

El hecho de que Israel se oponga a la resolución no debe engañar a nadie. Se debe a que, como explica Massad, el actual gobierno israelí prefiere la anexión forzosa de toda la tierra antes que el enfoque sionista “liberal” del paso a paso que esta resolución encarna.

Pero al final el resultado es el mismo: Israel mantiene los asentamientos y la tierra y consigue seguir siendo un Estado racista mientras que los palestinos renuncian a sus derechos.

Por todo ello nos encontramos hoy en día en esta extraña posición de querer que el rumbo más probable para salvar a los palestinos de este desastre sea un veto estadounidense.

Traducción para Rebelión de Loles Oliván.

Fuente: Electronic Intifada y Rebelión.

1991: La ONU anula la resolución que condenaba el sionismo como una forma de racismo

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La Asamblea General de las Naciones Unidas revocó anoche por abrumadora mayoría la resolución que desde 1975 declaraba el sionismo como una forma de racismo. Promovida por Estados Unidos y apoyada por 85 países, la decisión constituye un triunfo para Israel. Anoche se esperaba un gesto de gratitud israelí -en forma de flexibilidad diplomática- para extraer del estancamiento las negociaciones entre árabes e israelíes que se celebran en Washington, la segunda fase del histórico proceso de Madrid.

Con una escueta resolución que mereció 111 votos a favor, 25 en contra y 13 abstenciones, la Asamblea General de la ONU eliminó de un plumazo la controvertida resolución 3379 del 10 de noviembre de 1975.La primera voz de alarma por la decisión de la ONU fue la del representante libanés Jalíl Makkaui, quién deploró lo que interpretó como una maniobra que va en detrimento de la. causa árabe en general y de la palestina en particular.

“La aprobación de la nueva resolución que elimina la 3379”, dijo, “no sólo aumentará el apetito de los extremistas israelíes, empeñados en aplicar su política de anexión, sino que inflamará las pasiones de aquellos árabes que ven el actual proceso de paz corno un mero ejercicio de futilidad”.

Entre ellos ayer había que incluir sobre todo a los palestinos. Horas antes de la votación, la profesora Hanán Ashraui había denunciado que la táctica israelí era la de colmar la paciencia de los árabes.

Irritada pero sin abandonar totalmente el tono conciliatorio, Ashraul emplazó a los israelíes a demostrar que realmente quieren hablar de paz. La portavoz de la delegación palestina dijo que reinaba la desazón.

Sus palabras reflejaron fielmente un amplio sentimiento árabe de impaciencia y frustración por la forma en que Israel ha ido maniobrando en la última semana. Su negativa a reunirse a solas con los palestinos, su reiterado rechazo a considerar el principio de “paz a cambio de territorios”, inspirado en las resoluciones 242 y 338, y la más reciente ocupación de casas árabes por colonos judíos en el barrio de Siluán, en Jerusalén, han ido ensombreciendo el panorama de las negociaciones en Washington.

Benjamín Netanyahu, el portavoz de la delegación israelí, hurgó aún más la herida al pedir a los árabes que demostraran su voluntad de paz sumándose a la condena de la difunta resolución 3379.

Siria, por su parte, comenzó a dar señales de fatiga y frustración por la intransigencia israelí. Muafak Al Alaf, el jefe de la delegación enviada por Damasco, reconoció que las veinte horas de conversaciones con los israelíes no han producido el más mínimo progreso.

Con mayor estridencia, los gobiernos árabes están acusando a Israel de eludir las cuestiones de fondo para aferrarse a asuntos de procedimiento a Fin de dilatar las discusiones durante el mayor tiempo posible.

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El texto de la resolución 46/86 de la Asamblea General de la ONU fue simple y conciso, sin ninguna cláusula preambulatoria: “La Asamblea General decide revocar la determinación que figura en su resolución 3379, de 10 de noviembre de 1975“.

Resultado de la votación

Patrocinada por: (87 Estados) Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas,Barbados, Bélgica, Belice, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, Checoslovaquia, Chile,Chipre, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Federados de Micronesia, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Gambia, Granada, Grecia, Guatemala,Guyana, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón,Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malaui, Malta, México, Mongolia, Mozambique,Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Países Bajos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Centroafricana, República de Corea, República Dominicana, Ruanda,Rumania, Samoa, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, Singapur,Suecia, Surinam, Suazilandia, Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela,Yugoslavia, Zaire y Zambia.

A favor: (111, 23 más los 87 patrocinantes): Benín, Botsuana, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Fiyi, Filipinas, Gabón, Haití, India, Kenia, Lesoto,Madagascar, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Tailandia y Togo.

En contra: (25) Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Brunéi, Catar, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Malasia, Malí,Mauritania, Pakistán, República Popular Democrática de Corea, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Vietnam y Yemen.

Abstención: (13) Angola, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Laos, Maldivas, Mauricio, Birmania, Trinidad y Tobago, Tanzania, Turquía, Uganda y Zimbabue.

Ausentes: (15) Baréin, Chad, Comoras, Egipto, Guinea, Guinea-Bisáu, Kuwait, Marruecos, Níger, Omán, República Popular China, Senegal, Túnez, Vanuatu y Yibuti.

Bush 1991

Fuente: http://elpais.com/diario/1991/12/17/internacional/692924415_850215.html y Wikipedia

¿Alguien entiende? Israel se reintegrará al Consejo de DD.HH. de la ONU

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Israel DDHH

La nación se unirá al Grupo de Estados de Europa Occidental (GEOA) luego de haber suspendido sus relaciones con el organismo internacional en 2012 por el conflicto que mantiene con Palestina; cuya parte de sus territorios se encuentran ocupados por tropas provenientes de la nación sionista.

Un vocero gubernamental, bajo la condición del anonimato, confirmó este domingo que Israel será reintegrado al Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); hecho al que sólo le resta la confirmación oficial y una invitación formal para la próxima cumbre.

Las relaciones fueron retomadas luego de que la nación europea decidiese romper relaciones diplomáticas de la ONU por las peticiones constantes del organismo de que abandone su postura intervencionista en varios territorios de Palestina, que se encuentra ocupados por tropas israelíes.

En ese sentido, la ONU lanzó una campaña en contra de las autoridades gubernamentales luego de evaluar la situación en 2009 y acusar al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

En el mismo orden de ideas, la semana pasada, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon mostró su preocupación la construcción de nuevos asentamientos israelíes en territorio palestino. Durante el pasado mes de julio la Unión Europea prohibió a sus países integrantes financiar proyectos relacionados con las ocupaciones que realiza el gobierno de Israel en territorio palestino. Anteriormente su inclusión había sido rechazada por el eje Asia-Pacífico ante el rechazo por parte de las naciones árabes, quienes votaron en contra de la propuesta.

Numerosas diplomacias de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en territorio palestino; por lo que muchas han mostrado su postura de que sean abandonados como muestra de voluntad por avanzar en las diálogos de paz que se reanudaron durante este mes de junio.

“Finalmente fuimos admitidos en un grupo geográfico, lo que significa que nuestras relaciones con los órganos de la ONU en Ginebra van a ser más o menos normalizados. La exclusión y la marginación que sufrió Israel van a comenzar a disiparse” comentó otro funcionario anónimo del gobierno de Israel a un medio local. Los reportes de prensa aseguran que Israel sólo aceptó.

Fuente: TeleSur / OICP

A 65 años de la implantación de un Estado en tierra ajena

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Por Miguel Ibarlucía.

Próximamente se cumplirán 65 años desde que el líder de una comunidad étnica minoritaria –gran parte de ella, recién llegada- proclamara con el apoyo de las principales potencias mundiales, la creación de un Estado étnico-religioso en las tierras habitadas mayormente por otro pueblo, un pueblo pobre, desprotegido y abandonado a su suerte por la comunidad internacional.

La implantación de Israel en tierra palestina en 1948, previa conquista por las armas y expulsión de sus habitantes, es uno de los actos más atroces del siglo XX y sin embargo quienes lo hicieron han logrado convencer a gran parte de la comunidad internacional de que ese hecho fue producto de una resolución de las Naciones Unidas, la famosa Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 que aprobara el Plan de Partición. Incluso muchos de los activos defensores de la causa palestina repiten a coro esa afirmación, otorgando al Estado terrorista de Israel un aura de legitimidad de la que carece totalmente.

La Resolución 181 efectivamente consideró un Plan de Partición con Unión Económica para el territorio de Palestina bajo mandato de Gran Bretaña, desde la época de la Sociedad de las Naciones, ente creado por las potencias coloniales después de la Primera Guerra Mundial. Pero de la simple lectura del texto surge que la Asamblea de las Naciones Unidas recomienda al Reino Unido y a los demás miembros la aprobación y aplicación de dicho plan e invita a los habitantes de Palestina a hacer lo propio.

Es lógico que así haya sido ya que las Naciones Unidas no tienen, de acuerdo a su carta orgánica, ninguna facultad para disponer del territorio de ningún Estado miembro o no miembro, ni siquiera de los llamados territorios fideicomitidos, los que formaban parte del sistema de mandatos ya mencionado. Los artículos 73 y siguientes de la Carta de las Naciones Unidas regulaban estas situaciones previendo que debía ayudarse a los pueblos que habitaban esos territorios a alcanzar el gobierno propio, para lo cual se debía tener en cuenta “los deseos libremente expresados de los pueblos interesados”. Es sabido que los palestinos nunca fueron consultados pero, enterados de la resolución, sus principales referentes comunitarios dijeron terminantemente que no, ya que el Plan de Partición preveía entregar el 56% del territorio al 33% de la población –en gran número llegados muy poco tiempo antes-, lo que constituía una injusticia notoria.

La comunidad judía, liderada por David Ben Gurión, aceptó la partición pero no sus límites –ni las condiciones jurídicas y económicas que se proponían- desatando en consecuencia una guerra de conquista para apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible y a la vez llevó adelante un proceso de limpieza étnica contra la mayoría palestina para que el futuro Estado de Israel contara con un predominio de población judía indiscutible. Es decir, para construir un Estado étnico en el que la mayoría profesara la religión judía o se identificara con esa tradición.

Como resultado de esa guerra, el Estado proclamado el 14 de mayo de 1948 pasó a ocupar el 78% del territorio palestino y la población originaria fue recluida en el 22% restante o expulsada a los países vecinos, salvo una pequeña cantidad que permaneció en el territorio del nuevo Estado ya que no amenazaba el “carácter judío” de éste. El siguiente mapa es ilustrativo al respecto:

Fuente: http://www.oicpalestina.org/imagenes/mapas/planparticion1947.jpg

Resulta evidente que si el territorio finalmente controlado por Israel e incorporado a su Estado no se condice con el propuesto por el Plan de Partición, éste no fue aceptado ni aplicado. No es posible aceptar una propuesta de solución por la mitad, rechazando lo que no conviene. Ergo, lo que Israel obtuvo fue producto de una guerra. Israel es un Estado de Conquista, creado, proclamado y constituido en franca violación al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada poco tiempo antes, que veda el recurso “a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Israel es un Estado implantado en tierra ajena.

Tampoco aceptó la comunidad judía –liderada por el sionismo- la internacionalización de Jerusalén que proponía el Plan de Partición, como ciudad dependiente de las Naciones Unidas, con gobierno municipal propio, para proteger lo que se consideraba la ciudad santa de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, ciudad que se abriría así a los peregrinos de todas las religiones sin pertenecer a ninguna en particular. Los sionistas desataron un plan de atentados terroristas y una guerra feroz para apoderarse de Jerusalén y lograron hacerlo sólo en la mitad occidental dada la feroz resistencia árabe y en particular del Rey de Jordania que impidió se apropiaran de los lugares sagrados. Finalmente lo consiguieron en 1967 al tomar Jerusalén Oriental. En 1980 la proclamaron capital indivisible del Estado de Israel en otra abierta contradicción con la Resolución 181, hecho que fue condenando por Naciones Unidas mediante la Resolución 478 de ese año.

El Plan de Partición establecía la igualdad de derechos civiles y políticos de todos los residentes, árabes o judíos, cualquiera fuera el Estado en el que finalmente quedaren habitando y preveía también la Unión Económica entre ambos Estados a crearse, el árabe y el judío, que se expresaría en una unión aduanera, una moneda común, la administración conjunta de los transportes, el riego y en general toda la infraestructura de servicios públicos. Es obvio que nada de esto se cumplió pero además el Plan prohibía la expropiación de inmuebles salvo por razones de orden público. Es sabido que no se expropió a los palestinos, lisa y llanamente se les confiscaron sus propiedades y pertenencias que fueron repartidas entre los judíos a caballo de la Ley de Ausentes que declaraba tales a los expulsados por la fuerza. Perdieron sus derechos civiles y durante mucho tiempo se les privó de sus derechos políticos, situación que hoy persiste en gran medida ya que les está prohibido proponer que Israel no sea un estado judío sino uno laico, de todo la población.

Resumiendo, las Naciones Unidas no crearon el Estado de Israel porque: 1) carecen de facultades para ello; 2) sólo aprobaron una recomendación, es decir, una propuesta de mediación para resolver un conflicto entre partes; 3) las partes no aceptaron la propuesta; 4) la comunidad judía en Palestina desató una guerra, expulsó a la mayoría de la población originaria y proclamó un Estado étnico-religioso excluyente en un territorio muy superior al previsto en la propuesta de partición; 5) no se internacionalizó Jerusalén; 6) no se conformó la Unión Económica ni la administración en común del agua o el sistema de transportes; 7) se confiscaron las propiedades de los residentes palestinos expulsados para ser entregadas a los conquistadores, privándoselos de sus derechos civiles; 8) se limitaron sus derechos políticos.

De allí que seguir sosteniendo, como lo ha hecho el sionismo muy hábilmente, que Israel es producto del Plan de Partición de Naciones Unidas, no sólo es una falacia sino que además otorga a un Estado surgido de un hecho de conquista por la fuerza de las armas, un status de legitimidad que indudablemente no posee. Esta creencia trae como corolario un error de diagnóstico sobre el origen del drama del pueblo palestino, que no fue en 1967 con la ocupación de nuevos territorios en la Guerra de los Seis Días, –como afirman los sostenedores del Estado sionista- sino en 1948 con la conquista y limpieza étnica de la Palestina histórica.

Miguel Ibarlucía es abogado, autor de Israel, Estado de Conquista, Editorial Canaán, Buenos Aires, 2012.- Normal 0 21

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=167722